La Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) suscribieron, el 14 de enero, un convenio para ser ejecutado durante el año 2020, con un amplio objetivo que se enmarca en “el fomento del empoderamiento, de la participación y del alcance comunitarios, y disminución del riesgo de apatridia en la población intervenida”.
Se estima que se beneficiarán, de forma directa, unos cinco mil residentes del Distrito Capital, de las parroquias Antímano, La Vega y El Junquito, donde la Extensión Social universitaria ejecuta sus programas, desde hace veinte años, bajo los principios de humanidad, neutralidad, imparcialidad e independencia operativa, los mismos que rigen las actividades de ACNUR en el mundo.
La suscripción formal del acuerdo, que involucra un aporte de 331.102 dólares, estuvo a cargo del rector de la UCAB, reverendo padre Francisco José Virtuoso, s.j., y del representante de ACNUR en Venezuela, Matthew Crentsil.
El programa prevé apoyo al emprendimiento a escala de los hogares y comunidades vulnerables, con especial atención a las mujeres cabeza de hogar y la formación vocacional y técnica de los jóvenes para que todos desarrollen actividades económicas decentes. Los beneficiarios tendrán la oportunidad de retener las capacidades desarrolladas en el marco de la intervención, al tiempo que recibirán servicios especializados de protección, apoyo psicosocial y orientación legal.
En el caso de los adultos mayores en riesgo, se procurará fortalecer su autonomía, capacidad para resolver desafíos rutinarios y adaptación a su entorno, mediante actividades de estimulación neurocognitiva, cohesión grupal y generación de estrategias de afrontamiento y fortalecimiento comunitario. 
El acuerdo ACNUR-UCAB persigue, entre sus varios propósitos, promover la resiliencia y medios de vida para la prevención del desplazamiento, así como “generar espacios de encuentro ciudadano con el fin de afianzar los lazos comunitarios, fortalecer el tejido social y propiciar espacios para la formación de actores y organizaciones comunitarias”. Se procurará, asimismo, garantizar acceso a los servicios básicos de calidad a nivel comunitario, basado en los principios humanitarios.
Para la ejecución de los talleres, grupos focales y otras actividades, además de la infraestructura de la UCAB, el proyecto con ACNUR podrá servirse de 13 establecimientos –casi todos escuelas de la red Fe y Alegría– en las localidades mencionadas; así como la posibilidad de involucrar a los estudiantes ucabistas en las modalidades de Voluntariado, Servicio Comunitario y cátedras de Compromiso Social. Los docentes de las escuelas aliadas recibirán talleres para que conozcan las rutas de atención y la identificación de casos de riesgo.
La UCAB aporta a esta alianza las capacidades técnicas de sus expertos, adscritos a la Dirección de Proyección y Relaciones Comunitarias, el Centro de Clínica Jurídica, la Unidad de Psicología “Padre Luis Azagra s.j.”, la Dirección de Sustentabilidad Ambiental, el Centro de Investigación y Desarrollo de Ingeniería, la Dirección de Laboratorios de Ingeniería y el Centro de Innovación y Emprendimiento, todos bajo la coordinación de la Dirección General de Extensión Social.
“La diversidad de saberes y campos del conocimiento que reúne la UCAB por su naturaleza académica en conjunto con una fuerte tradición de trabajo comunitario la sitúan en una posición idónea para abordar varias de las áreas de trabajo de interés del ACNUR”, destaca el documento suscrito.
La UCAB, en su Plan Estratégico de Extensión Social 2016-2020, se propuso “involucrar a miembros de la comunidad en la cogestión de programas para alejarnos así de modelos asistencialistas y promover la corresponsabilidad y la participación activa de las comunidades en sus procesos de transformación”.
Disminuir la apatridia
La cifra de 5.058 beneficiarios directos del programa se obtuvo del cruce de las cifras del Panorama de Necesidades Humanitarias 2019, levantado por ACNUR, con las proyecciones de población del INE, según el censo de 2011. Del total, se estima que el 59% están entre los 18 y 59 años de edad, mientras que el 28% son menores de edad.
“Es irrelevante si la persona es extranjera o venezolana. Sólo se requiere que sea una persona con una necesidad específica identificada”, precisa ACNUR. El público objetivo son personas en situación de riesgo: sobrevivientes de violencia o víctimas de violencia sexual y de género; niñas, niños y adolescentes, incluidos los niños no acompañados y separados; enfermos crónicos, personas con VIH, discapacitados o con necesidad de protección física, indocumentados, adultos mayores, LGBTI e indígenas.
“ACNUR aspira a elevar la tasa de registro oportuno de nacimientos y asegurar que las personas nacidas en Venezuela, sobre todo aquellas en tránsito a otros países, conozcan y tengan acceso a los mecanismos de registro de nacimientos, dentro de Venezuela y en los consulados de los países de acogida”.
Para cubrir este objetivo, brindarán asistencia y representación legales a las personas sin certificación de nacionalidad para orientarlas sobre los mecanismos de registro y documentación. “El objetivo de este componente es formar a madres, padres, representantes y líderes comunitarios en todo lo relacionado al derecho a la identidad y el procedimiento de registro de nacimientos”.
ACNUR Venezuela indica que muchos de los que abandonan el territorio “no poseen pasaporte ni documentos de identidad, y no han podido registrar su nacimiento antes de salir del país debido al deterioro del sistema de registro a nivel nacional”, a lo que se suma “mucho desconocimiento sobre el procedimiento de registro de nacimiento y los requisitos”.
En este aspecto, el servicio de Clínica Jurídica que ofrece la Facultad de Derecho de la UCAB a través de la Extensión Social, 
será clave para la sensibilización y capacitación con relación a los derechos de niños, niñas y adolescentes y la realización de operativos para brindar asistencia jurídica a personas en riesgo de apatridia, desde la elaboración de los escritos necesarios para la obtención de documentos de identificación hasta la rectificación de actas del estado civil.