Durante las II Jornadas sobre Vulnerabilidad Social, convocadas por la Clínica Jurídica de la UCAB, representantes de Invedin, Convite, Prepara Familia y el Fondo de Población de Naciones Unidas hablaron sobre cómo la emergencia humanitaria compleja está incidiendo de manera particular en mujeres y personas con discapacidad, niños con enfermedades crónicas y adultos mayores, así como en materia psicosocial
La exclusión psicosocial, la violencia basada en género y en discapacidad, así como las condiciones de vida de adultos mayores y niños con enfermedades crónicas, en un contexto de desatención estatal en Venezuela, conforman el panorama de crisis que fue materia de reflexión en las II Jornadas sobre Vulnerabilidad Social, evento realizado el pasado 23 de mayo por iniciativa del Centro de Clínica Jurídica de la UCAB, unidad adscrita a la Dirección General de Extensión Social de la universidad.
Con la participación de especialistas de organizaciones cuyo trabajo se enfoca en la asistencia a grupos de personas en situación de vulnerabilidad, la actividad contextualizó cuatro dimensiones que se solapan en medio de una crisis humanitaria compleja agudizada desde 2015.
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MALESTAR SOCIAL E IMPACTO PSICOLÓGICO
De acuerdo con la psicóloga y directora del Instituto Venezolano para el Desarrollo Integral del Niño (Invedin), Mónica Castro, en Venezuela el enfoque psicosocial tiene especial relevancia para dimensionar la incidencia de la crisis política, económica y social en la psique de los venezolanos, en especial de las personas que están más expuestas a la violencia crónica en los estratos más pobres de la población.
Castro mencionó datos de la Encuesta de Condiciones de Vida (Encovi 2024), que permiten ilustrar el concepto de exclusión psicosocial como un aspecto fundamental para entender la crítica situación social: 26 millones de venezolanos (52,1%) no pueden satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vivienda y salud, en un contexto en el que la brecha de desigualdad entre ricos y pobres se amplía.
De acuerdo con la Encovi 2024, 56,5 % de la población venezolana vive en pobreza multidimensional (una combinación del nivel de ingresos y variables como servicios, educación, vivienda y empleo).
«La exclusión psicosocial abarca el contenido de pobreza e incluye aspectos sociales y psicológicos dentro de ese marco. Es lo que hemos venido estudiando desde nuestra área», comentó la directora de Invedin.
Asimismo, la psicóloga refirió hallazgos de Psicodata 2024, a cargo de la Escuela de Psicología de la UCAB, estudio que revela que 9 de cada 10 venezolanos presentan algún grado de vulnerabilidad, 20 % sufre niveles moderados o altos de ansiedad y depresión, y 89 % de la población desconfía del otro.
La encuesta Psicodata revela también que 90 % de la población siente preocupación por la situación del país. Asimismo, 64.5 % sitúa la crisis económica como la principal fuente de estrés y 49 % de las personas con un nivel educativo bajo registró moderada o alta desesperanza.
«El término desesperanza es importante. Eso nos va diciendo dónde estamos parados y que el tema psicosocial y psicológico tiene niveles elevados en la población en este momento», agregó Castro.
DISCAPACIDAD Y VIOLENCIA BASADA EN GÉNERO
La abogada y oficial de Género, Adolescencia y Juventudes del Fondo de Población de la Organización de las Naciones Unidas (Unfpa, por sus siglas en inglés), Gioconda Mota, advirtió, por su parte, sobre la segunda de las dimensiones de vulnerabilidad social que se registran en Venezuela: la violencia basada en género y en la discapacidad.
De acuerdo con Mota, estudios del organismo internacional sobre la discapacidad y la violencia basada en género apuntan a «un problema social de alarmante magnitud».
Mencionó cifras según las cuales 19 % de las mujeres en el mundo tienen alguna discapacidad y el doble de probabilidades de experimentar violencia de género en comparación con aquellas sin alguna condición o limitación.
«Una de cada tres mujeres en el mundo vive algún tipo de violencia física o sexual, a lo interno de la pareja e incluso en contextos públicos. Significa que estamos hablando de un tercio de la población femenina. Es un problema grave, complejo y profundo que transgrede la vida de millones de mujeres y de sus posibilidades de desarrollo, y que está normalizado», afirmó Mota.
Comentó que, también según la ONU, en el caso de las mujeres con discapacidad en el mundo, 80 % experimentan algún tipo de violencia basada en género a lo largo de su vida y 83 % han sido abusadas sexualmente en algún momento de su vida.
«Comienza a comprenderse la violencia basada en género como una problemática tan grave como la violencia general y otros problemas sociales que suponen enormes vulnerabilidades», aseveró la representante del Unfpa.
En el caso de Venezuela, según refirió la especialista, los niveles de impunidad relacionados con casos de violencia basada en género, con un impacto diferenciado en niñas, adolescentes y mujeres, agudizan la problemática e incrementan las vulnerabilidades.
«Tenemos un Ministerio de la Mujer, 115 fiscalías especializadas, 76 tribunales especializados en violencia contra la mujer. Sin embargo, tenemos un 2 % de sentencias. Eso es un nivel de impunidad que le da un mensaje a la sociedad», detalló.
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«EL MAL VIVIR» DE LOS ADULTOS MAYORES
La crisis social en Venezuela produce impactos diferenciados, sobre todo en la población de adultos mayores, millones de ellos pensionados en Venezuela, pero sin poder adquisitivo. Así lo reflejan los resultados del estudio de la organización Convite, presentado en el evento de la Clínica Jurídica de la UCAB por la coordinadora de Investigación de la ONG, Yanireth Fernández.
La encuesta sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores en Venezuela, basada en 1.804 entrevistas en 19 entidades, revela que 64 % de las personas de la tercera edad reciben ingresos equivalente de entre $30 y $100 mensuales y 76 % situó los rubros de alimentos y medicinas como los dos principales gastos.
El estudio de Convite resalta que «se estima que las personas mayores necesitan más de $300 para poder cubrir sus gastos mensuales» y 76 % de las personas consultadas recurren al apoyo de familiares «para equiparar la brecha entre lo percibido y lo consumido», ya que consideran que sus ingresos no cubren todas sus necesidades médicas, alimenticias y de movilización.
Asimismo, 63 % de las personas encuestadas «percibe la seguridad o protección social como deficiente: no protege a las personas mayores».
Para Fernández, la situación de la población de la tercera edad es la de una «normalización del mal vivir«.
«Las personas mayores se sienten invisibles ante el Estado e incluso para las propias organizaciones. Hablamos de personas que aún tienen mucho que dar, pero que se sienten en el olvido. A las personas de la tercera edad el hecho de ser mayores no las hace vulnerables, es el contexto», apuntó la especialista.
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UNA CARGA MAYOR EN NIÑOS HOSPITALIZADOS
Uno de los grupos más vulnerables en medio de la crisis humanitaria que existe en Venezuela es el de niños, niñas y adolescentes en situación hospitalaria por enfermedades crónicas como cáncer o síndrome nefrótico, según señaló la abogada y directora de la ONG Prepara Familia, Katherine Martínez.
La organización contabiliza los casos de al menos 350 niños que están en tratamiento en un contexto de crisis hospitalaria y sanitaria con déficit de personal, frente a la carencia de medicamentos que son costosos y que el Estado no suministra.
«La situación de los niños es bien dramática porque tienen el impacto de una emergencia humanitaria compleja que, formalmente, nos afecta desde 2015, aunque tiene más tiempo», acotó Martínez.
La vocera de Prepara Familia, que coordina un estudio sobre las madres cuidadoras en el Hospital J. M. de los Ríos, en Caracas, detalló que el déficit de personal de enfermería llega a 75 %, lo que obliga a madres y padres sin mayores recursos e ingresos a una «extrema dedicación del cuidado de niños y niñas con enfermedades crónicas».
INICIATIVAS DEL CENTRO DE CLÍNICA JURÍDICA UCAB
La directora encargada del Centro de Clínica Jurídica de la UCAB, Marialis Meneses, destacó que, en un contexto de vulnerabilidades sociales como el que se presenta en Venezuela, la unidad fusiona sus servicios «en un apoyo multidisciplinario».
Meneses detalló que las cinco iniciativas del Centro se enfocan en la resolución de problemas jurídicos a grupos vulnerables y a todo el público en general, así como en la reducción de la violencia mediante la promoción de medios alternativos para resolver conflictos.
La profesora precisó que la Clínica Jurídica de la UCAB cuenta con un servicio de defensoría de niños, niñas y adolescentes, además de un voluntariado de trabajo de proyección comunitaria con estudiantes de Derecho de la universidad y un programa de formación ciudadana en materia jurídica.
Para más información, los interesados pueden hacer clic en este enlace: https://extensionsocial.ucab.edu.ve/que-hacemos/ejes-accion/asistencia-juridica/
♦Texto y fotos: Jesús Abreu Mena